Glifosato en México: Un Debate Entre la Ciencia y la Precaución

El uso del glifosato, un herbicida ampliamente empleado en la agricultura, está en el centro de un intenso debate científico y político en México, especialmente tras la publicación de un decreto federal que prohíbe su uso y la importación de maíz genéticamente modificado.

La controversia gira en torno a la clasificación del glifosato por parte de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) de la OMS, que lo catalogó como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Esta clasificación se basa en una posible relación entre la exposición al glifosato y el linfoma de Hodgkin. Sin embargo, esta afirmación ha sido objeto de disputa por varias organizaciones científicas globales, según informa el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México.

El CNA argumenta que la postura de la IARC es una excepción en el consenso científico, citando que otras organizaciones internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), han llegado a conclusiones diferentes. Estas organizaciones sostienen que el glifosato no es probablemente cancerígeno para los humanos, basándose en evaluaciones exhaustivas que incluyen estudios epidemiológicos y de laboratorio.

La investigación de la IARC ha sido cuestionada por su metodología, que incluyó “datos autoinformados” y no consideró otras posibles causas de cáncer. Por otro lado, el CNA destaca que el consenso científico actual, respaldado por una revisión completa de los datos disponibles, considera al glifosato como seguro si se utiliza según las instrucciones.

El decreto del gobierno mexicano ha generado una respuesta significativa de los agroindustriales, quienes se oponen a la prohibición, argumentando la falta de evidencia científica concluyente sobre los efectos nocivos del glifosato y del maíz genéticamente modificado para la salud humana.

Este debate en México refleja la compleja interacción entre la ciencia, la política y la salud pública, donde la precaución y la evidencia científica deben equilibrarse cuidadosamente para tomar decisiones informadas en beneficio de la población y el medio ambiente.



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