Etiquetado y el campo

Cómo impacta el etiquetado de alimentos al campo
Es necesario impulsar un sistema agroalimentario y nutricional que promueva alimentos
saludables, naturales y basados en vegetales para poder gozar de una población y un
medio ambiente sano, sostuvo la organización ambientalista Greenpeace hace unos días
con respecto al debate que existe en México sobre los alimentos ultraprocesados y su
relación directa con las muertes provocadas por COVID-19 en el país.
“Debe existir una oferta diferente en nuestras ciudades para que podamos tener la opción
de elegir alimentos más saludables y sostenibles por el bien de nuestra salud y la del
planeta”, mencionó la ONG internacional en un comunicado.
Según Greenpeace, actualmente impera un modelo agroalimentario y nutricional industrial
que provoca que las personas consuman altas cantidades de alimentos ultraprocesados y
con alto valor calórico.
“Esto ha generado que nos encontremos con epidemias de obesidad, sobrepeso,
diabetes, desnutrición y cambio climático, que al interactuar entre sí representan la
sindemia global, la cual podemos decir, que es el desafío más grande y complejo que
enfrentamos como humanidad”.
Una de las respuestas gubernamentales ante lo que plantea Greenpeace es la Norma
Oficial Mexicana sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados,
conocida como NOM-051.
Esta norma surgió de las reformas a la Ley General de Salud aprobadas en el Congreso
en octubre de 2019, las cuales instauraron un sistema de etiquetado frontal que permitiría
a los consumidores evaluar de forma sencilla si la cantidad de un nutrimento crítico es alta
o baja.
Sin embargo, este tipo de acciones parece que no son lo suficientemente efectivas y, en
contraste, podría traer otro tipo de inconvenientes.
Genera confusión
Integrantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico)
aseguraron a inicios de 2020 que esta norma genera confusión entre los consumidores
debido a que obliga a poner etiquetas de advertencia a productos que no son
necesariamente excesivos en densidad calórica.
Con los cambios integrados en la NOM-051, casi todos los productos en el mercado
mexicano deben agregar etiquetas frontales de advertencia, lo cual, de acuerdo con los
voceros de ConMéxico, provocaría que los usuarios no noten diferencias entre un
producto y otro.
La norma tampoco permite establecer la cantidad de los nutrientes críticos, como
azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético de un producto,
por lo que no se lograría el objetivo que, inicialmente, se pretendería lograr, indicó este
consejo formado por integrantes de empresas como Barcel, Bimbo, Danone, Coca Cola y
Ferrero.

“Cómo algo que tiene cero grasas saturadas, 1% de calorías, 0.5% de los azúcares y cero
de sodio y va a tener sellos de exceso; no es congruente la información que se da”, afirmó
Lorena Serdán, directora general de este organismo.
Los integrantes de ConMéxico recordaron que la industria agroalimentaria del país, sin
incluir al campo, aporta 5% del Producto Interno Bruto del país.
De esta manera, el etiquetado podría generar pérdidas importantes al sector
agroalimentario, ya que la industria procesadora de alimentos representa 75% de la
producción total, es decir, alrededor de 171,000 toneladas, por lo que habría un impacto
de 25% menos de consumo, equivalente a unas 42,000 toneladas.
Los mensajes encontrados del gobierno
A nivel gubernamental, el tema es manejado desde diferentes posturas, inclusive
encontrándose unas con otras en los últimos meses.
Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud otorgó a México un reconocimiento
por su estrategia de etiquetado nutricional en alimentos y bebidas altamente calóricos. En
ese contexto, se recordó la creación del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación,
Medio Ambiente y Competitividad.
Ese grupo sirve para generar las condiciones que requiere el Programa Especial para un
Sistema Alimentario Justo, Saludable y Sustentable, el cual tiene cuatro objetivos
específicos: Incrementar la producción nacional de productos básicos y estratégicos para
contribuir a la autosuficiencia alimentaria nacional, con prácticas orientadas a la
sustentabilidad. Asimismo, incentivar la eficiencia en la comercialización, distribución y el
procesamiento de los alimentos saludables, priorizando los productos provenientes de la
pequeña y mediana agricultura y la producción agroecológica y sustentable, mediante
mecanismos incluyentes y sostenibles.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha
reiterado en repetidas ocasiones que se debe evitar el consumo de los alimentos
llamados “chatarra” debido a que su ingesta está directamente relacionada con la
reducción en la esperanza de vida de los mexicanos, y acciones como esa ayudan a
cumplir dicho objetivo.
“Solo el consumo de refrescos causan más de 45 mil muertes al año, causante de las
enfermedades crónicas que propician las bebida azucaradas, carbonatadas u otras”,
aseguró.
Pero al respecto, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA)
acusó al gobierno mexicano de “satanizar” el azúcar con el nuevo etiquetado de
alimentos, restricciones a la comida chatarra y ciertas afirmaciones que lo responsabilizan
de la mortalidad por COVID-19.
Estos ataques de parte de algunos sectores del gobierno arriesgan a la agroindustria del
azúcar de caña que en México genera 500,000 empleos directos y 2.7 millones de
indirectos en 267 municipios rurales de 15 estados, aseguró Juan Cortina, presidente de
la CNIAA.

“Pueden afectarse seriamente muchas familias del campo mexicano como resultado de
las iniciativas que injustificadamente adjudican al azúcar de caña problemas de salud”,
manifestó Cortina en un comunicado.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha matizado estas acciones y
declaraciones en los últimos días. Por ejemplo, se opuso a subir los impuestos de la
comida chatarra y las bebidas azucaradas porque ello significaría “estar sacando dinero a
costa de la salud del pueblo”.
En agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de la Ley de los Derechos de
los Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la comercialización de alimentos “chatarra”
y bebidas azucaradas a menores de edad.
Al respecto, López Obrador ha asegurando que se opone a que se lleven a cabo acciones
de prohibición: “He dicho muchas veces que no se deben prohibir las cosas. Prohibido
prohibir. Lo más importante es crear conciencia, orientar para que haya una buena
alimentación y que no se consuman productos chatarra”, expresó.
La industria alimentaria mexicana es la tercera mayor productora de alimentos
procesados en América, solamente detrás de Estados Unidos y Brasil, y exporta a Centro
y Sudamérica y a la Unión Europea. Además, su planta laboral asciende a más de
800,000 plazas en el país.